La candidatura excluida en las elecciones del Copcyl materializa su denuncia por "graves irregularidades"

La candidatura encabezada por María Jesús Irurtia, excluida del proceso electoral celebrado recientemente en el Colegio de Psicología de Castilla y León (Copcyl), ha materializado su denuncia, en vía contencioso administrativa, ante la comisión de "graves irregularidades por parte del la candidatura oficial que se autoproclamó vencedora.

Se trata de unas elecciones que eran la repetición de las realizadas en 2018 y que fueron anuladas por los tribunales tras dos años de mantenerse una Junta al frente de este Colegio de "forma ilegal", tal y como sostienen los denunciantes a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Entre las irregularidades denunciadas por Irurtia y Miguel Pérez, integrante también de la candidatura excluida, se encuentra la anulación del nombramiento de la referida lista a pesar de haber sido nombrada por una Comisión Electoral, legalmente constituida ante notario.

Esta Comisión Electoral es el único órgano competente para decidir la validez de las candidaturas, según señalan las normas colegiales, y dio por válidas las dos listas presentadas, convocando la votación para el pasado 25 de septiembre. "Al nombrar a ambas candidaturas, esta comisión ya había rechazado los argumentos esgrimidos por el candidato oficial (J. Gutiérrez) para anular la candidatura alternativa", apostillan los denunciantes.

El principal motivo que alegaba, "de forma sorpresiva y faltando a la verdad", era que varios colegiados de la candidatura alternativa no ejercen la profesión por ser docentes e investigadores en Psicología en universidades y en centros educativos de la Comunidad.

Al no encontrar el respaldo en la Comisión Electoral, los denunciantes apunta que el candidato oficial acudió a la Junta de Gobierno en funciones, de la que forman parte tanto él mismo como otros tres miembros de la candidatura oficial.

"Se da la curiosa circunstancia que esta Junta en funciones, reducida a ocho personas de catorce, la encabezan dos miembros jubilados que no ejercen la profesión. Para mayor despropósito, esta Junta de Gobierno utiliza un informe del asesor jurídico del colegio que elude la normativa específica de los Colegios de la Psicología".

Apoyándose en este informe "impreciso y con argumentos obtenidos de otras profesiones, como la abogacía o la enfermería, esta Junta decidió anular la decisión de la Comisión Electoral, suspender la votación y nombrar al candidato J. Gutiérrez y sus acompañantes de lista como nueva Junta, en lo que consideramos un fraude de ley", lamentan Irurtia y Pérez, quienes insisten en que "cuatro colegiados, dos de ellos jubilados, deciden retirar el derecho al voto a más de dos mil colegiados de Castilla y León".

Los denunciantes recuerdan que el Colegio de la Psicología de Castilla y León tiene la votación entre sus colegiados como la forma de elección de sus directivos, cuestión que nunca se ha producido en el Colegio en los últimos 37 años, con reiteradas anulaciones de las candidaturas rivales a la oficial.

Además, aluden al hecho de que varias de las personas cuestionadas fueron premiadas con importantes distinciones profesionales en el pasado por el propio colegio y ocuparon cargos de responsabilidad en la Comisión Deontológica de este órgano, precisamente, por su trayectoria profesional.

Según informa Irurtia, el día anterior a la anulación de su candidatura se convocó a los candidatos a una reunión con responsables y abogados del Consejo de la Psicología de España, un representante de la Junta del Colegio, el asesor jurídico del Colegio y el presidente de la Comisión Electoral para mediar y sacar adelante las elecciones.

En dicha reunión, se comprometieron todos y cada uno, ante el Consejo General, a realizar las votaciones y mantener una actitud de respeto hacia las elecciones colegiales puesto que no había razón para anular las mismas.

Sin embargo, hasta la fecha el Consejo no se ha pronunciado aún ante esta situación que califican como "golpe de Estado", motivo por el que han decidido recurrir nuevamente ante los tribunales de justicia para que se realicen las votaciones previstas que por derecho tienen todas y todos los colegiados y que, según entienden, sistemáticamente se les está negando.

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